Matoneando a América Latina

Greg Grandin, Revista The Nation, febrero 8 de 2010

En septiembre de 2009 el presidente de Ecuador, Rafael Correa, se pronunció sobre una promesa electoral que había hecho, rehusándose a renovar la concesión gratuita de más de una década a Washington de una base aérea a las afueras de la población de Manta en la costa del Pacífico, la cual durante los últimos diez años ha servido como el principal puesto de avanzada del Pentágono en Sur América. El desalojo constituyó un serio esfuerzo por materializar el llamado de la nueva Constitución ecuatoriana por promover el “desarme universal” y oponerse a la “imposición” de bases militares de “algunos Estados en el territorio de otros”. También significó una de las victorias más importantes para el movimiento global en pro de la desmilitarización, organizado alrededor de la Red Internacional para la Abolición de Bases Militares Foráneas, desde que protestas forzaron a la Armada de EEUU a retirarse de Vieques, Puerto Rico, en 2003. Correa, sin embargo, no pudo resistir la tentación de hacer un chiste fácil. “Renovaremos el contrato de arrendamiento”, dijo, “si EEUU nos permite colocar una base en Miami”.

Divertido. Entonces Washington respondió con una muestra de fuerza: tome una, nosotros agarraremos siete. A finales de octubre Estados Unidos y Colombia firmaron un acuerdo que le otorgó al Pentágono la utilización de siete bases militares, junto a un número ilimitado de no especificados “facilidades y lugares”. Ellos se añaden a la ya considerable presencia militar de Washington en Colombia, así como en América Central y el Caribe.

Respondiendo críticas sudamericanas sobre el acuerdo colombiano, la Casa Blanca insiste que éste solamente formaliza la ya existente cooperación militar entre los dos países bajo el Plan Colombia y que no aumentará las capacidades ofensivas del Comando Sur de EEUU (Southcom, en su sigla en inglés). Por otra parte el Pentágono afirma, como consta en su solicitud de presupuesto de 2009, que necesita mejorar una de las bases para realizar “operaciones de espectro completo a lo largo de Sur América” para contrarrestar, entre otras amenazas, “gobiernos anti-EEUU” y para “expandir la capacidad de guerra expedicionaria”. Ese lenguaje ominoso, desde entonces borrado del documento de presupuesto, puede constituir una exageración de la amenaza para justificar gastos durante tiempos austeros. Pero la decisión de la administración Obama de seguir adelante con las bases acelera una peligrosa tendencia de la política hemisférica estadounidense.

En años recientes, Washington ha experimentado una rápida erosión de su influencia en Sur América, motivada por el ascenso de Brasil, el giro hacia la izquierda de la región, la creciente influencia de China y la utilización venezolana de los ingresos petroleros para promover una diplomacia multipolar. Una serie de amplios movimientos sociales ha retado los esfuerzos realizados por empresas estadounidenses y canadienses para expandir industrias extractivas como la minería, los biocombustibles, el petróleo y la madera. En Perú, el año pasado, protestas indígenas masivas forzaron la revocación de leyes encaminadas a abrir grandes franjas del Amazonas para la madera foránea y las corporaciones mineras y petroleras, al paso que en toda la región continúa un activismo similar que se ha puesto a la vanguardia del movimiento democrático global anti-corporativo y anti-militarista.

Tales retos a la autoridad estadounidense han llevado a que el Consejo de Relaciones Exteriores haya pronunciado que la Doctrina Monroe está “obsoleta”. Pero esa doctrina, la cual se ha utilizado durante casi dos siglos para justificar la intervención desde la Patagonia hasta el Río Grande, no ha expirado sino más bien disminuido con la administración de Barack Obama, desilusionando a sus aliados regionales potenciales al continuar promoviendo una mezcla volátil de militarismo y ortodoxia de libre cambio en un corredor que abarca desde México hasta Colombia.

El ancla de esta Doctrina Monroe condensada es el Plan Colombia. Completando el décimo primer año de lo que se había planeado que expirara tras cinco años, el paquete de ayuda militar de miles de millones de dólares de Washington ha fracasado en erradicar el flujo de narcóticos ilegales hacia Estados Unidos. En 2008 se sintetizó más coca andina en cocaína que en 1998, y el precio de venta –ajustada a la inflación– de la droga hoy es considerablemente menor de lo que era hace una década. Pero el Plan Colombia realmente no versa sobre drogas; es la edición latinoamericana del GCOIN, o Contrainsurgencia Global, el término que actualmente usan los estrategas para camuflar las asociaciones religiosas e ideológicas de la chapucera “guerra global contra el terror” de George W. Bush, focalizándose en un programa más modesto de extender el imperio del Estado sobre “espacios sin gobierno” o “sin ley”, en el lenguaje usado por la GCOIN.

Empezando aproximadamente en 2006, con la ocupación de Irak arrojando malos resultados, el Plan Colombia se convirtió en un marco contrainsurgente, celebrado por los estrategas como una aplicación exitosa de la secuencia de “limpiar, mantener y construir” defendida por teóricos como el General David Petraeus. Sus lecciones han sido incorporadas en los currículos de muchos de sus colegas militares estadounidenses y citadas por los Jefes del Staff Conjunto como un modelo para Afganistán. Los militares colombianos, con el apoyo de Washington, no sólo debilitaron a las FARC, las fuerzas insurreccionales más viejas y fuertes en América Latina, sino que según el Consejo de Relaciones Exteriores, aseguraron la presencia estatal en “muchas regiones antes controladas por grupos armados ilegales, restableciendo a gobiernos elegidos, construyendo y reconstruyendo la infraestructura pública y reafirmando la vigencia de la ley”. El Plan Colombia, en otras palabras, ofrecía no solo un mapa hacia el éxito, sino el éxito mismo. “Colombia es el país al cual eventualmente Irak debería parecerse en nuestros mejores sueños”, escribió el contribuidor del Atlantic, Robert Kaplan.

Tradicionalmente en la mayoría de contrainsurgencias, la etapa de “limpieza” significa una dependencia plausiblemente denegable de los escuadrones terroristas de muerte de la Operación Phoenix en Vietnam o de la Mano Blanca en El Salvador. Por la época en que el Plan Colombia se hizo enteramente operacional, la administración Bush ya estaba ejerciendo y según Scott Wilson, del Washington Post, ésta condonó las actividades de los paramilitares derechistas, organizados en las AUC. “El argumento, en ese entonces siempre esgrimido privadamente”, escribe Wilson, “era que los paramilitares” –responsables por la mayoría de los asesinatos políticos en Colombia– “proporcionaron la fuerza que el ejército todavía no tenía”. Esta fase fue seguida por aquélla de “mantener” una apropiación masiva paramilitar de la tierra. El fraude y la fuerza –“venda o su viuda lo hará”, como ocurría con muchas ofertas de negociación– se combinaron con la fumigación indiscriminada, que envenenaba las tierras de cultivo, convirtiendo a millones de campesinos en refugiados. Los paramilitares, junto a sus aliados narcotraficantes, ahora controlan aproximadamente 10 millones de hectáreas, aproximadamente la mitad de la tierra más fértil del país.

Después de que partes de las tierras agrícolas habían sido pacificadas, había llegado el momento de “construir” el Estado. Técnicamente Estados Unidos considera a las AUC como una organización terrorista, parte del tríptico narcoterrorista, al lado de las FARC y los narcos, que el Southcom se ha comprometido a combatir. Pero el Plan Colombia no significó tanto un asalto contra los paras –más allá de los más recalcitrantes y sacrificables– sino la creación de una ranura a través de la cual, al definir la política pública como una guerra perpetua, ellos podían convertirse en el Estado mismo. Tras la cortina de humo de una amnistía impulsada por el gobierno y condenada por grupos de derechos humanos nacionales e internacionales por institucionalizar la impunidad, los paras han tomado el control de centenares de gobiernos municipales, estableciendo lo que el científico social colombiano León Valencia llama “verdaderas dictaduras locales”, consolidando su robo de propiedades y profundizando sus ataduras con los narcos, las élites agrarias y los políticos. El creciente aparato de inteligencia del país está infiltrado por esta combinación de escuadrones de la muerte/narcos, al igual que su aparato judicial y el Congreso, en el cual más de cuarenta congresistas del partido gobernante están siendo investigados por sus lazos con las AUC.

El Plan Colombia, en otras palabras, ha financiado lo contrario de lo que está ocurriendo en los vecinos Ecuador, Bolivia y Venezuela, donde movimientos progresistas acertadamente están tratando de “refundar” sus sociedades dentro de marcos más inclusivos. A cambio de la “democracia participativa”, proclamada por la izquierda, el presidente colombiano Álvaro Uribe ofrece “seguridad democrática”, un acuerdo social gracias al cual a quienes se sometan al nuevo orden se les prometen ciudades seguras y ‘yupificadas’ y carreteras seguras, mientras que la sociedad civil de oposición sufre la intimidación y los asesinatos. Colombia continúa siendo el peor represor subrepticio en América Latina. Más de 500 sindicalistas han sido ejecutados desde que Uribe asumió el poder. En años recientes se ha asesinado a 195 maestros, sin que haya un solo arresto por estas matanzas. Y los militares están acusados por asesinar más de 2.000 civiles, mimetizando sus cuerpos con uniformes de la guerrilla para probar que hay progresos contra las FARC.

También parece que muchos guerreros derechistas no tienen el perfil para someterse a la vida pacífica ofrecida por la Paz Uribista. El tanque de pensamiento radicado en Bogotá, Nuevo Arco Iris, informa sobre mini guerras civiles desatadas entre “herederos de las AUC” por el control de los botines locales. No obstante, se sigue aplaudiendo al Plan Colombia. Retornando de una conferencia reciente en Bogotá organizada por GCOIN, el ex director de una página web del sur escribía en su blog que Colombia es un lugar turístico “obligado”, habiendo avanzado “un largo, largo camino en controlar una insurgencia profundamente asentada a apenas dos horas de vuelo desde Miami –y nosotros podríamos aprender mucho de su éxito”.

A la luz de su escalada en Afganistán, el apoyo de Obama al acuerdo de las bases militares en Colombia respalda el tipo de evaluación elástica de peligros que ha convertido a la “guerra larga” contra el Islam radical en una guerra amplia en la cual el triunfo último lo constituirá un mundo sin crímenes “contrainsurgentes sin fin”, como lo expresara hace poco Andrew Bacevich.

Al poco tiempo de la caída de Bagdad, Washington trató de involucrar a toda América Latina en la lucha. En octubre de 2003 presionó a la OEA para que incluyera como amenazas contra la seguridad a la corrupción, la migración indocumentada, el lavado de activos, los desastres naturales y causados por el hombre, el SIDA, la degradación del medio ambiente, la pobreza y el “hacking” de computadores, al lado del terrorismo y las drogas. En 2004 un estratega del Army War College propuso “exportar el Plan Colombia” a toda América Latina, lo que Donald Rumsfeld trató de lograr ese mismo año en una reunión en Ecuador de Ministros de Defensa regionales. Su propuesta fue rechazada; países como Chile y Brasil rehusaron subordinar sus militares a las órdenes estadounidenses, como ocurrió durante la guerra fría.

Entonces Estados Unidos reculó, disponiéndose a luchar la guerra amplia en un lugar más estrecho, creando un corredor de seguridad que partía de Colombia a través de América Central hasta México. Con una mezcolanza de tratados y proyectos, tales como la Academia Internacional de Aplicación de la Ley y la Iniciativa Mérida, Obama continúa las políticas de sus predecesores, gastando millones de dólares para integrar a los militares, políticos y agentes de inteligencia de la región e incluso a los sistemas judiciales por medio de legislaciones parecidas al Patriot Act. Esto es visualizado como un esfuerzo por agrandar el radio del Plan Colombia con miras a crear una infraestructura contrainsurgente unificada y supranacional. Dado que existe una “fusión” entre los terroristas y criminales en América Latina, dice un argumento típico traído a colación en una edición reciente del Joint Force Quarterly del Pentágono, “contrarrestar la amenaza requerirá fusión por parte nuestra”.

Simultáneamente, esquemas como el Proyecto Mesoamericano de Integración y Desarrollo están usando la financiación del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para sincronizar las redes de autopistas, comunicaciones y energía de México, América Central y Colombia, combinando en un todo integral los tratados de libre comercio de Norte América y Centro América y, eventualmente, el TLC pendiente con Colombia. Thomas Shannon, el más importante enviado de Bush a América Latina y embajador de Obama en Brasil, llamó a estas iniciativas “armando al NAFTA”. “Fusión” es una buena palabra para designar esta integración, ya que es explosiva la combinación de la economía neoliberal y de la diplomacia contrainsurgente. Un efecto del Plan Colombia ha sido diversificar la violencia y la corrupción endémica al comercio de cocaína con los carteles mexicanos y centroamericanos y con facciones militares que han asumido la exportación de droga hacia Estados Unidos. Este ciclo de violencia es reforzado por la rápida expansión de las operaciones mineras, hidroeléctricas, de biocombustibles y petroleras, las cuales ocasionan desastres en los ecosistemas locales, envenenando la tierra y el agua, así como por la apertura de mercados nacionales para la agroindustria estadounidense, que destruye las economías locales. El desplazamiento resultante crea las amenazas criminales que la guerra amplia pretende contrarrestar o provoca protestas, enfrentadas por los vengadores que la guerra amplia empodera.

A lo largo de América Latina una nueva generación de activistas comunitarios continúa haciendo avanzar al movimiento democrático global que en buena parte se frustró en Estados Unidos a causa del 11 de septiembre. Ellos brindan un importante liderazgo a las organizaciones del medio ambiente, indígenas, religiosas y de derechos humanos, trabajando para desarrollar una agenda de justicia social comprehensiva y sostenible. Pero en el corredor México-Colombia, los activistas están afrontando lo que podríamos llamar el bio-paramilitarismo, la reaparición de la vieja alianza anticomunista de los escuadrones de la muerte y los latifundistas, fortalecida por la actual intensificación de las industrias extractivas y agrícolas. En Colombia las comunidades afrocolombianas e indígenas que luchan contra los paras que han arrebatado sus tierras para cultivar palma africana con el propósito de producir etanol, han sido expulsadas por los mercenarios y militares [ver Teo Ballvé, “El Lado Oscuro del Plan Colombia”, junio 15, 2009]. Desde Panamá hasta México, quienes protestan a nivel rural son reprimidos. En el departamento salvadoreño de Cabañas, por ejemplo, escuadrones de la muerte han ejecutado a cuatro líderes –tres en diciembre– que se oponían a los esfuerzos de la Pacific Rim Mining Company basada en Vancouver por explotar una mina de oro en su comunidad.

Y en Honduras organizaciones de derechos humanos afirman que plantadores de palma han reclutado cuarenta miembros de las AUC de Colombia para que les presten seguridad privada después de que en junio fue depuesto el presidente Manuel Zelaya. Ese golpe de Estado por lo menos fue parcialmente impulsado por la alianza de Zelaya con sacerdotes de la liberación teológica y otros activistas del medio ambiente que protestaban contra la minería y la deforestación inducida por el biocombustible. Sólo un mes antes de que fuera depuesto, Zelaya –en respuesta a una investigación que culpaba a Goldcorp, otra empresa basada en Vancouver, de contaminar el Valle de Siria en Honduras– introdujo una ley que habría necesitado de la aprobación comunitaria antes que se otorgaran las nuevas concesiones mineras; igualmente prohibía la minería a cielo abierto y el uso de cianuro y mercurio. Esa legislación feneció con su caída. Zelaya también trató de acabar la relación de dependencia mediante la cual la región exporta petróleo a las refinerías de EEUU únicamente para comprar de vuelta gasolina y diesel a precios monopólicos; se integró a Petrocaribe –la alianza que proporciona petróleo venezolano barato a los países miembro– y firmó un contrato competitivo con Conoco Phillips. Esta jugada le ocasionó la ira de Exxon y Chevron, las cuales dominan el mercado de combustibles en Centroamérica. Desde las controvertidas elecciones presidenciales de noviembre 29, Honduras ha caído en buena medida en el radar de los medios de comunicación, aún habiéndose acelerado el ritmo de represión. Desde que el Departamento de Estado reconoció esa votación, aproximadamente diez líderes de la oposición han sido ejecutados –más o menos la mitad en los cinco meses previos.

No tenía por qué ocurrir de esta manera. América Latina no representa un peligro militar serio. Ningún país está tratando de solicitar un arma nuclear o de cortar el acceso a recursos vitales. Venezuela continúa vendiéndole petróleo a Estados Unidos. Obama es popular en América Latina y la mayoría de los gobiernos, incluyendo los izquierdistas, habría bienvenido una diplomacia desmilitarizada que le diera menos importancia al terrorismo y priorizara la disminución de la pobreza y desigualdad –exactamente el tipo de “multilateralismo nuevo” que Obama solicitó durante su campaña presidencial. Dado que América Latina no representa ninguna amenaza real, no hay ningún incentivo para confrontar intereses enraizados que se oponen a la modernización de las relaciones hemisféricas. “Obama”, decía desesperado un diplomático argentino de alto nivel, “ha decidido que América Latina no vale la pena. Se la entregó a la derecha”.

La Casa Blanca podría haber trabajado con la OEA para restaurar la democracia en Honduras. En vez de ello y después de meses de señales mezcladas, Obama capituló a manos de los republicanos del Senado y respaldó a un régimen asesino. Washington podría esforzarse por avanzar en una nueva política económica hemisférica, balanceando las solicitudes de equidad y desarrollo latinoamericanas con las peticiones de ganancias formuladas por las corporaciones. Pero el Partido Demócrata sigue siendo un partido de Wall Street, y poco después de posesionarse Obama abandonó su compromiso de renegociar el NAFTA. Con la bendición de Washington el FMI continúa presionando a los países latinoamericanos para que liberalicen sus economías. En diciembre Arturo Valenzuela, secretario de Estado asistente para el hemisferio occidental de Obama, causó un escándalo en Argentina cuando argumentó que el país debía retornar al clima de inversión de 1996 –que sería como si Buenos Aires exigiera a Estados Unidos que reinflara la burbuja reciente de Greenspan.

La administración Obama podría reconsiderar el Plan Colombia y el acuerdo sobre las bases del Pentágono. Pero eso significaría repensar una “guerra contra las drogas” de varias décadas y bipartidista, que ha tenido un costo de miles de millones de dólares, y Obama tiene otras guerras de las cuales desenredarse o no, según sea el caso.

Incapaz o sin la voluntad de hacer concesiones en este u otros asuntos importantes para América Latina –por ejemplo, normalizar relaciones con Cuba o adelantar una reforma migratoria–, la Casa Blanca está adoptando una posición cada vez más antagónica. Después de una visita al Brasil realizada por el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, Hillary Clinton advirtió a los latinoamericanos que “pensaran dos veces” sobre “las consecuencias” de involucrarse con Irán. Bolivia denunció esos comentarios como una amenaza, Brasil canceló una reunión entre su Ministro de Relaciones Exteriores y Valenzuela e incluso Argentina, que no es ninguna amiga de Irán, se irritó. Como me dijo el diplomático argentino citado anteriormente, “la administración Obama nunca le hablaría así a países europeos”.

Empleados del Departamento de Estado informan que altos funcionarios del mismo están furiosos con el presidente brasilero Luiz Inácio Lula da Silva, quien en los meses recientes ha estado de acuerdo con Hugo Chávez en oponerse al actual militarismo de Washington, particularmente al intento de la Casa Blanca por legitimar el golpe de Estado hondureño. Habiendo frustrado exitosamente una campaña similar de desestabilización contra el presidente boliviano Evo Morales en 2008, Brasil, según el principal asesor de política externa de Lula, Marco Aurélio García, está preocupado de que la política hondureña de Obama esté “introduciendo la ‘teoría de los golpes de Estado preventivos’ en América Latina” –con lo cual García significa una extensión de la doctrina de guerra preventiva de Bush.

En una región que no ha tenido una guerra interestatal importante durante más de setenta años, Brasil está preocupado de que la base del Pentágono en Colombia esté aumentando las tensiones entre Colombia y Venezuela. Los medios de comunicación estadounidenses se han enfocado en las advertencias de Chávez en el sentido de que “vientos de guerra” están soplando en la región, pero el ministro de Relaciones Exteriores brasilero, Celso Amorim, culpa de la crisis directamente a Washington. Chávez, dice Amorim, “se había retractado de tal afirmación. Hablar de una guerra –una palabra que nunca debería pronunciarse– es una cosa. Otra son los asuntos prácticos y objetivos de las bases colombianas... Si Irán o Rusia establecieran una base en Venezuela, eso nos preocuparía”.

También existen señales de que la Casa Blanca está esperanzada de que la venidera ronda de elecciones presidenciales en Sur América restaure a gobiernos dóciles. En un viaje reciente a Buenos Aires, por ejemplo, Valenzuela se reunió con una serie de políticos de extrema derecha y no con líderes moderados de la oposición, lo que ocasionó críticas por parte del gobierno centroizquierdista de la presidenta Cristina Fernández. En enero un millonario de derecha, Sebastián Piñera, fue elegido como presidente de Chile. Y si el Partido de los Trabajadores de Lula pierde las elecciones presidenciales brasileras de octubre, como muestran las encuestas que es posible, la izquierda andina se encontraría crecientemente aislada, atrapada entre el corredor de seguridad colombo-mexicano en el norte y unas administraciones más dispuestas a acomodarse a los intereses de Washington en el sur.

Contención del siglo veintiuno a cambio de socialismo del siglo veintiuno. Fidel Castro, normalmente un optimista, recientemente ha especulado de que antes de que Obama termine su presidencia “habrá de seis a ocho gobiernos derechistas en América Latina”.

Hasta que eso suceda, Estados Unidos continúa con una Doctrina Monroe en ancas y una posición crecientemente amenazadora hacia una región que solía llamar suya.

* Derechos de autor © 2009 The Nation

Traducido por Juan Pablo Arango Posada